El gobierno en uno más de sus anuncios improvisados y efectistas, entregó a la ciudadanía la intención de dar mayores atribuciones a guardias y/o personal de fiscalización municipal.

El anuncio causó ruido extremo en los municipios y originó un fuerte debate en el ambiente social y político, no es un tema nuevo y cada cierto tiempo reaparece esta idea de fortalecer los Servicios de Seguridad Ciudadana en las Municipalidades, recordar propuestas de guardias armados, e incluso con facultades para control de identidad hasta detención de civiles. De hecho algunas comunas operan al límite de la ley, con la retención de civiles que participan en eventuales delitos flagrantes  o simples faltas a la ordenanza, como es el caso de la venta de productos en la vía pública.

Pese a los reparos de algunos municipios, el gobierno insistió en ingresar la propuesta, el oficio 201 llegó a contraloría y en su primera evaluación presentó observaciones e imprecision que hacían inviables el documento. Según trascendidos las medidas pretendían entregar facultades más allá  de lo razonable para este servicio… algo así como una policía municipal.

La discusión llego al parlamento, pues acá es donde se legisla y No en la moneda. El rechazo fue unánime y transversal por algunos miembros de ambas cámaras.

Pero No solo rechazos ha tenido la propuesta presidencial, también algunos parlamentarios y autoridades de gobierno defienden la idea, en un marco de pandemia y con altos índices delictivo, sería positivo contar con mas dotación de personas apoyando a carabineros.

La discusión continúa por ahora, el gobierno retiro desde contraloría el polémico documento y planea replantear la propuesta.

En el caso de  la comuna de Maipú se trabaja en un programa piloto, donde funcionarios de seguridad ciudadana hacen patrullaje en conjunto con un carabinero en un vehículo municipal.

Lo más reciente es la toma de razón por la contraloría del decreto 203, que faculta a los jefes de defensa para impartir instrucciones a los funcionarios públicos inclusive los Alcaldes, pero mantiene las restricciones del personal en labores de control y vigilancia, atribuibles solo a las policías y FFAA en caso excepcional.