Este martes, el equipo que encabeza el Fiscal Regional Occidente José Luis Pérez Calaf, inicio el segundo juicio oral, de un total de cuatro, por delitos de fraude al FISCO que quedaron al descubierto en el marco de la investigación iniciada por delitos de corrupción asociados al proceso de licitación de extracción de basura en la comuna de Maipú.

La existencia de contratos de honorarios, la no prestación de los servicios profesionales— y no obstante el pago efectivo de los honorarios— en la municipalidad de Colina configuran delitos de fraude al fisco, lo que será el foco central de la acusación que la Fiscalía Metropolitana Occidente que sostendrá respecto de dos funcionarios públicos, entre ellos el actual alcalde Colina Mario Olavarría y dos particulares (supuestos prestadores), en el marco de una de las investigaciones secundarias que se originaron de la causa principal del llamado “Caso Basura”.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, los hechos que se imputan en esta causa son dos y muy específicos pues se trata de la presentación de servicios profesionales a honorarios por parte de dos imputados que, a su vez, eran funcionarios públicos en el Municipio de Cerro Navia, según en su momento detectó Contraloría General de la República.

Por estas situaciones, enfrentarán cargos el actual jefe comunal de Colina Mario Olavarría e Isabel Valenzuela Ahumada, quien en el periodo 2010-2015 ejerció como Directora de Desarrollo Comunal (Dideco) del mismo municipio; Marcela Morales Aliste quien emitió boletas de honorarios por servicios de apoyo profesionales en la unidad de planificación de esa municipalidad siendo al mismo tiempo secretaria de planificación de la comuna de Cerro Navia. A partir de febrero de 2014, la imputada asumió como administradora municipal, cargo con exclusividad, sin embargo hasta junio de ese año mantuvo honorarios en Colina.

El cuarto imputado es el asistente social César Vidal, el que siendo Director de Desarrollo Comunitario de la comuna de Cerro Navia, entre los años 2013 y 2015, emitió boletas de servicios como “apoyo profesional a Dideco” de Colina.

La Fiscalía sostiene en la acusación fiscal que tanto el alcalde Olavarría como la jefe Dideco Isabel Valenzuela tienen responsabilidad en el pago injustificado realizado a ambos profesionales imputados, provocando un perjuicio al municipio por la suma de $83.222.202.

En el caso de Marcela Morales el perjuicio es de $ 48.555.546 y de Cesar Vidal $34.666.656.

Respecto de Olavarría y Morales, la fiscalía solicita que sus conductas sean sancionadas con penas de 12 años de presidio mayor, 7 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y el pago de una multa equivalente al 10% del total defraudado, como autores de 9 delitos de fraude al fisco.

Además, respecto de la imputada Marcela Morales, el Ministerio Público solicitó la pena única de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autora de 6 delitos de fraude, la pena de multa del 10% del perjuicio total ocasionado y la pena de 7 años y un día de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos y oficios públicos.

Finalmente, respecto de César Vidal la acusación solicita la pena de 10 años y un día de presidio como autor de 3 delitos de fraude al fisco, la pena de 5 años y un día de inhabilitación.

Según información entregada por Fiscalia la audiencia correspondiente a Maipu quedo agendada para el 14 de Marzo y Cerro Navia para el 18 del mismo mes.

Fuente: FRM Occidente.